Tanto las leyes españolas como las europeas establecen una regulación clara sobre el trabajo y la distribución de contenido porno: repasamos las leyes más importantes

La producción de contenido pornográfico legal en España se basa en dos pilares fundamentales: la mayoría de edad de todos los participantes y el consentimiento libre, informado y explícito. 

Por el contrario, si no se respeta uno de estos principios, se pueden estar cometiendo delitos graves. Según se establece en el Código Penal español, cualquier grabación o difusión de material que involucre a menores de dieciocho años se tipifica como un grave delito de pornografía infantil, recogido en el artículo 189. 

Este delito tiene una persecución activa, en consonancia con los compromisos internacionales de la UE, como la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores.

De igual trascendencia es la protección de la imagen y la intimidad. El artículo 197 del Código Penal castiga severamente la difusión de grabaciones íntimas obtenidas sin el consentimiento de las personas afectadas, un delito comúnmente conocido en su vertiente no consensuada. 

Por estas razones, las productoras en concreto y la industria en general, cuenta con protocolos rigurosos para la obtención de contratos y liberaciones de derechos que documenten de forma incuestionable  el consentimiento para la grabación, distribución y explotación comercial del material.

Un contenido regulado también por la UE

Más allá del ámbito penal nacional, el ecosistema de distribución actual está siendo redefinido por las normativas de la Unión Europea, buscando adaptarse a la forma de consumo del porno e intentando que se instaure un mismo marco legal para todos los países de la Unión. 

Los instrumentos legislativos de la Unión Europea más destacados en esta materia son, por un lado, la Ley de Servicios Digitales y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

El Reglamento (UE) 2022/2065 impone nuevas y significativas obligaciones a las plataformas en línea, especialmente a las «Plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOPs)” muchas de las cuales son cruciales para la distribución de contenido para adultos. 

Esta regulación obliga a estas plataformas a actuar con diligencia para retirar contenido ilegal notificado por los usuarios y, más importante aún, a aplicar medidas estrictas para evitar el acceso de menores a contenido nocivo. Esta última obligación ha llevado a que las grandes plataformas de contenido para adultos sean designadas como VLOPs y están obligadas a implementar sistemas robustos y fiables de verificación de edad.

La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, por su parte, también tiene un impacto directo. Esta ley europea exige que los Estados miembros de la UE adopten las «medidas adecuadas» para proteger a los menores del contenido que pueda perjudicar su desarrollo físico, mental o moral. En el caso de la pornografía, exige que estas medidas sean las más estrictas, incluyendo sistemas de codificación digital, control parental o, en el caso de las plataformas de intercambio de vídeos, que incluyen muchas páginas porno, la implementación de sistemas efectivos de verificación de edad.